Madrid,
13 jul.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de
reforma de la Administración local, que clarifica las competencias de
los ayuntamientos, potencia las diputaciones, elimina las mancomunidades
y suprime el 30% de los concejales y, en definitiva, reduce las
estructuras burocráticas y políticas de España.
Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
tras el Consejo de Ministros, en rueda de prensa, donde ha comparecido
para confirmar algunas medidas ya anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado miércoles en el Congreso como la reducción del 30 por ciento de concejales, que pasarán de 68.578 a 47.240.
El
proyecto de ley, que se llamará de racionalización y sostenibilidad de
la Administración local, supone la aplicación de la ley de Estabilidad
Presupuestaria a las corporaciones y calcula un ahorro de 3.500 millones
de euros, de los que 700 saldrían de la supresión de las
mancomunidades.
En total se suprimen 3.725 entidades locales
menores, entre las que están las pedanías y las parroquias, que pasan a
ser absorbidas por los ayuntamientos de los que dependen.
El
anteproyecto actualiza las competencias municipales, diferenciando con
claridad las estatales de las autonómicas, y con el objetivo de que las
entidades locales no vuelvan a asumir competencias impropias. Con esta
reforma las competencias en sanidad y educación pasan definitivamente a
las autonomías.
Por ello, Montoro ha dejado claro que la
delimitación de competencias tendrá consecuencias en las autonomías y en
la propia Administración General.
También en la rueda de prensa,
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha
argumentado que la reducción de concejales no se puede aplicar en este
momento porque han sido elegidos en las pasadas elecciones municipales, y
será en los próximos comicios cuando se lleve a cabo.
En
concreto, y según la referencia del Consejo de Ministros, en las
próximas elecciones municipales se elegirán 21.338 concejales menos.
Además,
la vicepresidenta ha comentado que el sueldo de alcaldes y concejales
será "homogéneo en parámetros similares a la Administración del Estado",
con la intención de que ningún alcalde ni presidente de Diputación
cobre más que un ministro.
La vicepresidenta ha lanzado un mensaje
a todas las administraciones públicas para que asuman una
"racionalización absoluta", con una reducción de costes, algo, que ha
recordado, ya hace el Estado y deben hacer ahora los entes locales.
El texto del anteproyecto llega al Consejo de Ministros tras mes y medio de negociaciones con el PSOE y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y aunque en un principio se aspiraba a un texto de consenso,
éste no fue posible al entender los socialistas que la reforma abría una
vía a la privatización de los servicios públicos y suponía la
intervención de los ayuntamientos.
Será ahora en la tramitación en el Congreso, donde los grupos podrán intentar introducir modificaciones a la norma.
Montoro
también ha valorado la supresión de las mancomunidades "por no
contribuir a una eficaz gestión", igual que otras entidades locales de
orden menor, como las pedanías, "que forman parte de una administración
opaca, que no rinde cuentas".
Ha querido explicar que el proyecto
de ley pretende, en definitiva, que las corporaciones locales "acometan
las funciones para las que tienen presupuesto y dotación presupuestaria"
y, por contra, no hagan aquello "que exceda la definición competencial
de la nueva ley".
La modificación de la ley básica no prevé la
supresión de ningún municipio pero se fomenta la agrupación de servicios
para lograr ahorros de coste mediante economías de escala.
En
este sentido, se potencia el papel de las diputaciones provinciales,
consejos insulares o cabildos y comarcas para la gestión de servicios
obligatorios mínimos en municipios inferiores a 20.000 habitantes.
Se
fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá
funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de
mayor independencia y objetividad y garantizar la legalidad del control
financiero y presupuestario.
Sobre esto Montoro ha sido muy claro:
"Recuperar estas figuras supone una vuelta a lo que ya tuvimos en
España y nunca debimos perder".
En conjunto, ha dicho el ministro,
el proyecto de ley pretende "una reforma que haga válido y real el
principio que anunció el Gobierno en el discurso de investidura: Una
administración, una competencia".
Sobre la reducción de concejales, recogida en el proyecto ley, hoy se ha pronunciado el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, quien ha dicho que "al Partido Socialista ni le perjudica ni le beneficia, como demócrata", pero "significa un tajo importante a la calidad democrática del país".EFE
bf/jrr
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