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Síndico Santiago apoya cumplan ley beneficia cabildos

SANTIAGO.- La sugerencia para que el Poder Ejecutivo cumpla con lo establecido en la ley 166-03, que demanda la entrega del 10 por ciento para los ayuntamientos del país, fue saludada con particular entusiasmo por el síndico José Enrique Sued.

Esta propuesta ha sido una de las más defendidas en la mesa de Gestión Municipal, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial durante la Cumbre de las fuerzas vivas que se celebra en Santo Domingo y que ha sido convocada por el gobierno.

La ley 166-03, de fecha 06-10-2003, modifica a No. 17-97 que establece un nuevo régimen de cooperación de asistencia financiera del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos y deja consignado que, a partir del año 2005, se destinaría un 10% (diez por ciento), incluyendo los ingresos adicionales y recargos a estas instituciones edilicias.

Al tocarse en tema en la actual Cumbre “de las fuerzas vivas” que ha convocado el gobierno -con la participación de más de cien agrupaciones e instituciones del país- fue el más debatido y el más defendido por los participantes, reseñan medios noticiosos.

“Nos satisface sumamente que esto haya ocurrido porque ha sido una demanda permanente por parte nuestra, como autoridad municipal, para que se cumpla con la misma”, dijo el síndico Sued Sem al respecto.

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), de la que Sued Sem es uno de sus vicepresidentes, mantiene una ardua lucha para que el gobierno del presidente Leonel Fernández comience a aplicar la ley 166-03.

Dentro de esos esfuerzos, semanas atrás síndicos y otros funcionarios municipales, además de empleados de ayuntamientos y juntas distritales del país, montaron un piquete frente al Congreso para reclamar la acción de los legisladores en pro del cumplimiento de la misma.

“Hoy nos sentimos esperanzados porque es un nuevo y contundente apoyo que recibe el Poder Municipal en esta Cumbre”, comento el síndico Sued Sem al hablar por intermedio de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Observó el ejecutivo municipal que al propio gobierno le favorece que los recursos provenientes de esta ley sean entregados a los ayuntamientos porque así se liberaría de las presiones para que se construyan obras de infraestructura”.

Sued Sem aseguró, en este sentido, que el presidente Fernández haría bien si acoge la propuesta formulada en la Cumbre a través de la llamada Mesa de Gestión Municipal, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

En el año 2004 la participación de los ayuntamientos en los montos totales de los ingresos del Estado dominicano pautados en la ley de presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos fue de un 8% y a partir del año 2005 se consignó un 10% (diez por ciento), incluyendo los ingresos adicionales y recargos.

Sin embargo, esto nunca fue aplicado por el gobierno, lo que ha provocado un distanciamiento de las entidades edilicias con el Ejecutivo y la puesta en marcha de una campaña para exigirle al presidente Fernández la aplicación de esta ley.

En la misma se establece que el importe de la participación de los Municipios y Distritos Municipales de los ingresos del Estado se distribuirá mensualmente por doceavas partes entre estos conforme a su número de habitantes, tomando como base para su cálculo, el porcentaje que representa su población en relación con el numero de habitantes del país.

Por igual se toma en cuenta que la participación mensual que corresponderá a cada municipio en ningún caso será inferior RD$500,000.00 (Quinientos mil pesos con 00/100), y en caso de los Distritos Municipales la misma no será menor de RD$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos con 00/100) mensuales. Dichas cantidades se incrementaran anualmente en el mismo porcentaje en que lo haga los ingresos del Estado que se destinan a los fines de la presente ley.

Las asignaciones presupuestarias del Estado a favor de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales serán realizadas antes del día 25 de cada mes, debiendo trasferirse íntegramente, sin aplicarle o hacerle ningún recorte y la distribución será la siguiente: un 25% para gastos de personal; 35% para servicios municipales y gasto de operaciones y un 40% para gastos de capital e inversión en obras. De este 40% se puede sacar un 2% para ser destinado a monitoreo y evaluación de proyectos y programas.