Region Ozama

Telefónicas se defienden frente a reclamo de ayuntamientos

Por Oscar Quezada / El Caribe

Las telefónicas Codetel, Orange y Tricom están unidas por una misma causa: hacer frente al reclamo de los cabildos. Al comparecer al Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, tres gerentes de comunicación y regulación de estas empresas señalan que es ilegal la demanda de las autoridades municipales, y advirtieron que cualquier carga adicional afectaría directamente a los usuarios de los diferentes servicios que ofrecen.

Esas empresas alegan que responden a la Ley General de Telecomunicaciones, y que la Ley de Municipios no puede colocarse por encima de la legislación que rige el sector telecomunicaciones en el país.

Sus ejecutivos sostienen que sus considerables aportes al fisco sitúan a las compañías de telefonía dentro de las más dinámicas de la economía.

Gerentes de comunicación y regulación de tres importantes empresas de telecomunicaciones del país llamaron ayer la atención sobre el impacto que tendría para los usuarios y clientes potenciales de estos servicios, el hecho de que se llegaran a materializar las aspiraciones de las autoridades municipales, de cobrarles el 3% de su facturación en cada municipio donde operen.
Al comparecer al Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, Félix Jáquez, gerente regulatorio de Tricom, y Gerty Valerio y Jannette Rodríguez, encargadas de comunicaciones de Codetel y Orange, respectivamente, recordaron a las autoridades edilicias los significativos aportes que –entienden- hacen a las recaudaciones fiscales del Gobierno Central y a la expansión de los servicios telefónicos y de Internet en República Dominicana.
“El sector de las telecomunicaciones, tradicionalmente, ha venido siendo gravado más que otros sectores, puesto que ha sido un sector puntero en la economía nacional.

Incluso, en tiempos de crisis, como el actual, todavía sigue reportando un crecimiento constante”, señala Jáquez, para justificar las razones de sus reclamos ante las pretensiones municipales de gravarlos con el 3% de sus facturaciones, amparado en la Ley 176-07.
Subraya que si este 3% pretendido por los municipios se añade a los demás impuestos que pagan las telefonías, esto afectaría sobremanera a los usuarios finales, debido a que ello implicaría ajustes dentro de las operaciones normales de las empresas telefónicas que existen en el país. “Al aumentarle ese 3%, nos veríamos obligados a traspasarlos al usuario final.

Esto no afecta tanto al sector, sino al usuario final”, advierte el funcionario de Tricom, entrevistado por el director de CDN, Radio y Televisión, Osvaldo Santana. Jáquez considera que es una gran contradicción intentar gravar a una empresa que ofrece un servicio público y esencialmente comprometido con tarifas bajas, y que estén al alcance de toda la población.
Al tocar este punto dentro de su intervención, Jáquez fue interrumpido por Valerio, quien como representante de Codetel quiso referirse básicamente a lo que establece la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios.

Ella asegura que esta legislación no puede anteponerse a la Ley General de Telecomunicaciones (153-98), y que por esta razón la compañía que representa está exenta del 3% que los ayuntamientos están dispuestos a cobrar.
Valerio corrobora a Jáquez cuando afirma que cualquier carga adicional a los gravámenes que pagan al fisco sería automáticamente absorbido por los clientes o usuarios, “a quienes penalizaríamos con una carga impositiva adicional.

Hoy día, 18 de cada 100 pesos de consumo de cualquier usuario de telecomunicaciones son pagados como impuesto”, calcula Valerio.
Jáquez sostuvo que la demanda de los ayuntamientos hace recordar las legislaciones que regulan el sector de las telecomunicaciones, y comenzó narrando lo ocurrido en el año 1998, con la Ley General de Telecomunicaciones, en cuyo artículo 4 establece que los impuestos al sector corresponden a una jurisdicción nacional.
“Esto objeta a los municipios de poder cobrar impuestos o arbitrios por el uso de sus suelos”, puntualiza.

Recordó que en aquellos tiempos en que entró en vigor la Ley 153-98 y se definieron sus alcances surgieron los mismos alegatos que hoy presentan los ayuntamientos para sustentar.

“Los municipios siempre se rehusaron. Se celebraron muchas reuniones en el sector de las telecomunicaciones”, precisa Jáquez.

Los tres representantes de las empresas telefónicas coinciden en afirmar que la Ley General de Telecomunicaciones se convierte en una ley especial orientada a regular las operaciones de ese sector y que, por ende, no pueden ser afectadas por la Ley 176-07, que es de carácter general.
Valerio explica que hasta que los tribunales no evacuen un veredicto respecto a la exigencia del 3% de los municipios, no es posible estimar la magnitud del impacto que resultaría de este nuevo arbitrio.

Tampoco la manera en que, en términos cuantitativos, lesionará los bolsillos de los clientes de cada una de las empresas que tendrían que pagar este impuesto.
En la actualidad, las empresas telefónicas y los ayuntamientos están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia falle respecto al conflicto que fue llevado a esta instancia de poder.

Ya antes, el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario emitió una sentencia favoreciendo a las empresas de telecomunicaciones, que abogan para que se respete el contenido de la Ley General de Telecomunicaciones.
“Es importante comentar que el Indotel, como ente regulador, en su momento, dio su apoyo”, expresa Valerio.

Recordó que las compañías de teléfono pagan el 28% por concepto de impuestos indirectos, impuestos sobre la renta más retenciones.

Dijo que el pasado año aportaron 15 mil millones de pesos de las recaudaciones internas del país, lo que equivale a un 10.4% de las estimaciones de ingresos estatales.

Prevenir la compra y venta de celulares robados

1 Recomiendan no comprar celulares robadosDicen quien lo hace puede ir a parar a la cárcel
Los ejecutivos de Codetel, Tricom y Orange se refirieron a los acuerdos y esfuerzos realizados con Indotel con miras a evitar el robo de celulares, y que estos aparatos sean revendidos a terceros después de haber sido sustraídos a sus legítimos propietarios.

Valerio sostuvo que estas empresas de comunicación están inmersas en jornadas de trabajo para contrarrestar el crimen en cuanto a robo y posterior venta de celulares, en una tarea en la que también participa de manera activa la Policía.

Elevó su voz de alerta para aconsejar a la población abstenerse de comprar teléfonos móviles que no sean expedidos por empresas autorizadas para su comercialización.

“El que compra un celular robado estaría comprando un problema, y fácilmente podría ir a la cárcel”, advierte Valerio. Explica que tanto Indotel, la Policía y todas las empresas de telecomunicaciones trabajan constantemente para prevenir la práctica criminal de que una persona venda un celular con el serial adulterado o que no esté debidamente registrado.

Sugieren que es importante que el que quiera obtener un celular lo haga por la vía legal, dado que los dealers que se dedican a comprar y revender celulares con seriales fraudulentos recurren a todo tipo de artimañas para engañar a los interesados.

“Esas personas, cuando roban un celular, tienen algunos puntos debidamente identificados, donde les dan un servicio de conectarlos a computadoras, borrarles ese serial y ponerles un serial cualquiera”, explicó Jáquez.

Temen el impacto de la sentencia

Mas defensa. Origen del conflicto

Jáquez, Valerio y Rodríguez sostienen que lo que más les importa es el impacto que pueda producirse si la Suprema Corte de Justicia falla en favor de los ayuntamientos.

Hicieron énfasis en que no es el sector que representan el que llevará la peor carga, sino quienes utilizan los servicios que brindan.

Como forma de hacer valer la preocupación que dicen tener por el futuro de las telecomunicaciones en el país, Valerio sostiene que República Dominicana tiene en la actualidad 7 millones de personas que poseen teléfonos celulares.

Esto es igual a decir que el 70% de los dominicanos cuenta con un teléfono móvil. Los ejecutivos de Orange, Tricom y Codetel dijeron que cada una de estas empresas mantienen constantemente programas de innovación y ajustes operativos, para proveer a los usuarios de un servicio mucho más abarcador y eficiente.

Los argumentos expuestos por estos gerentes están dirigidos a rebatir las acusaciones hechas por la Federación Dominicana de Municipios, de que las compañías telefónicas pretenden desconocer la Ley Municipal, amparándose en un recurso judicial de oposición al cobro del controversial 3%.

Las compañías telefónicas tratan de contradecir estas imputaciones, diciendo que no exigen privilegios y que solo piden que se respete la Ley de Telecomunicaciones.

Creen que es un absurdo que una línea que atraviesa determinado número de provincias sea inspeccionada, gravada y regida por cada uno de los gobiernos locales por donde pasen sus redes, distribuidas en todo el territorio nacional.

Sector Telecomunicaciones entre los que mayor contribución hacen al fisco

Gerty Valerio
Encargada de comunicaciones de Codetel
“Sabemos que a los municipios les corresponde un 10% del presupuesto del Gobierno Central, y entendemos que eso debería manejarse por esa vía y no pensar en el sector más dinámico de la economía, que es el que más contribuye a la generación de impuestos o, por lo menos, uno de los que más.

Hoy día, 18 de cada 100 pesos de consumo de cualquier usuario de telecomunicaciones son pagados como impuesto.

Cualquier carga a los gravámenes que pagamos al fisco, sería automáticamente absorbido por los clientes o usuarios, a quienes penalizaríamos con una carga impositiva adicional”.

Félix Jáquez
Gerente regulatorio de Tricom
“Tradicionalmente, el sector de las telecomunicaciones ha venido siendo agravado más que otros sectores, puesto que ha sido un sector puntero en la economía nacional.

Incluso, en tiempos de crisis, como el actual, todavía sigue reportando un crecimiento constante. Al aumentarle ese 3%, nos veríamos obligados a traspasarlos al usuario final.

Esto no afecta tanto al sector, sino al usuario final. La Ley General de las Telecomunicaciones, de 1998, objeta a los municipios de poder cobrar impuestos o arbitrios por el uso de sus suelos.

Los municipios siempre se rehusaron”.

Jannette Rodríguez
Encargada de comunicaciones de Orange
“Ese 3% es sobre las ganancias brutas, que es una cantidad muy alta de dinero. Un 3% adicional, viene siendo una carga muy grande.

Estamos tratando de evitar que en medio de esta crisis mundial, no hacer ningún ajuste a nuestros servicios.

No hemos aumentado minutos ni segundos ni la facturación al cliente final, estamos dando el mismo servicio.

Este arbitrio podría impactar, no al crecimiento en cuanto a tecnología, pero sí en el servicio que recibe el usuario final. Invertimos cientos de millones de dólares cada año para fortalecer nuestras redes y ofrecer mejores prestaciones a nuestros usuarios”.