La nueva Ley de Protección Animal fue recibida con agrado por los
ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sin fines de lucro que reclaman
buen trato para los seres que conforman la fauna doméstica.
Sin embargo, algunos elementos de la pieza legislativa son vistos en el sector municipal como cargas presupuestarias.
La explicación la hace el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Víctor D´Aza, seguro de que la mayoría de los ayuntamientos y juntas municipales no cuentan con los recursos económicos necesarios para construir las casas albergues de animales que la ley propone en su artículo 78 cuando establece que: “El ayuntamiento del Distrito Nacional, los ayuntamientos de los municipios y las juntas de distritos municipales podrán instalar casas albergues de animales de forma conjunta con organizaciones locales o nacionales de protección animal, destinando fondos para sus operaciones”.
En otro artículo, el 75, esta evidente sugerencia aparece como mandato porque faculta a todos los ciudadanos para demandar la puesta en funcionamiento de las “casas albergues u otras medidas propias de la participación ciudadana y control social” (las estructuras tendrían que estar listas en dos años , y ofrecer “cuidados veterinarios, higienización, alimentación, vacunación y protección general que aporte al bienestar del animal”).
Además, el marco jurídico, en el artículo 72, asigna a la administraciones municipales el deber de capturar “los animales realengos o enfermos de forma cotidiana y sistemática”, no para sacrificarlos, sino para protegerlos del maltrato posible.
“No es un secreto para nadie que las alcaldías y juntas municipales operan con limitada capacidad presupuestaria.
Sería muy difícil que la mayoría pueda cumplir con esas nuevas funciones”, dice D´Aza, cuya voz suele llegar a los medios de comunicación para reclamar que entre los gobiernos locales se distribuya un monto correspondiente al 10% de los ingresos anuales del Estado, tal y como ordena la Ley 166-03.
Pocos recursos
Sin embargo, algunos elementos de la pieza legislativa son vistos en el sector municipal como cargas presupuestarias.
La explicación la hace el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Víctor D´Aza, seguro de que la mayoría de los ayuntamientos y juntas municipales no cuentan con los recursos económicos necesarios para construir las casas albergues de animales que la ley propone en su artículo 78 cuando establece que: “El ayuntamiento del Distrito Nacional, los ayuntamientos de los municipios y las juntas de distritos municipales podrán instalar casas albergues de animales de forma conjunta con organizaciones locales o nacionales de protección animal, destinando fondos para sus operaciones”.
En otro artículo, el 75, esta evidente sugerencia aparece como mandato porque faculta a todos los ciudadanos para demandar la puesta en funcionamiento de las “casas albergues u otras medidas propias de la participación ciudadana y control social” (las estructuras tendrían que estar listas en dos años , y ofrecer “cuidados veterinarios, higienización, alimentación, vacunación y protección general que aporte al bienestar del animal”).
Además, el marco jurídico, en el artículo 72, asigna a la administraciones municipales el deber de capturar “los animales realengos o enfermos de forma cotidiana y sistemática”, no para sacrificarlos, sino para protegerlos del maltrato posible.
“No es un secreto para nadie que las alcaldías y juntas municipales operan con limitada capacidad presupuestaria.
Sería muy difícil que la mayoría pueda cumplir con esas nuevas funciones”, dice D´Aza, cuya voz suele llegar a los medios de comunicación para reclamar que entre los gobiernos locales se distribuya un monto correspondiente al 10% de los ingresos anuales del Estado, tal y como ordena la Ley 166-03.
Pocos recursos
Según los registros de Fedomu, el 33% de los distritos municipales del país (75 de 228) recibe del erario RD$504 mil 580 por mes, mientras que el 21% de los municipios (32 de 155) accede a RD$1 millón 153 mil 800.
Este dinero, sostiene D´Aza, a veces no alcanzan para cumplir con las funciones básicas de aseo, ornamentación, mantenimiento y construcción de estructuras. Continuando con sus ejemplos y argumentaciones, el representante de Fedomu recuerda que el Congreso Nacional ha tenido que aprobar préstamos para que los alcaldes y directores municipales puedan pagar la “regalía pascual” o “salario 13” a sus empleados.
En el 2011 esta “ayuda” alcanzó los RD$1,000 millones, y salió de las arcas del estatal Banco de Reservas. Otra labor que la nueva Ley de protección animal y tenencia adjudica a las juntas y alcaldías es la de otorgar facilidades para que los comerciantes cambien los caballos y demás bestias de carga por vehículo de motor.
Ni circos ni otros espectáculos animales
La Ley de protección animal y tenencia” además prohíbe el uso de animales en actividades circenses y otros espectáculos públicos y privados.
El mandato está en el artículo 58 y afectaría a varios actores del sector turístico nacional que se han especializado en la celebración de exhibiciones de este tipo. Tales son los casos de Ocean World, de Puerto Plata, y Manatí Park, de Punta Canta, dos parques temáticos que tienen a delfines, focas y otras especies marinas como sus principales atractivos.
Ambos coordinan eventos para turistas que se alojan en los grandes hoteles del Norte y el Este del país. Quienes violen este mandato se exponen a multas y otras penalidades.
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