La
Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana se encuentran
en sesión permanente ante la apertura de procesos judiciales contra alcaldes en
ejercicio, por la puesta en funcionamiento de la acción pública frente a
denuncias de situaciones señaladas en auditorías de la Cámara de Cuentas.
Reconocieron
que corresponde al Ministerio Público iniciar procesos donde haya indicios
precisos y concordantes de conductas reñidas con las obligaciones derivadas de
nuestro marco legal. No obstante, es imprescindible, si se quiere mantener el
apego a los derechos de las autoridades imputadas, que el Ministerio Público y los jueces sean garantes del debido
proceso, que incluye entre sus principios
la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de los imputados.
“Es
preciso que la exasperación que siente la sociedad dominicana frente a lo que
algunos denominan un clima de impunidad, no tome a los alcaldes y demás
autoridades locales como cabeza de turco, generando un ambiente de populismo
penal que conduzca al linchamiento judicial o negación de derechos en los
procesos abiertos y por abrir”, expresaron.
Indicaron
que es responsabilidad de los representantes del Poder Judicial actuar con equilibrio,
actitud sopesada y no influenciada por la presión social y mediática, para que
los procedimientos judiciales cuenten con todas las garantías procesales
necesarias para la sana administración de justicia.
La
presunción de culpabilidad que se desprende de auditorías realizadas por la
Cámara de Cuentas, son informes de expertos, no sentencias, y por tanto deben
ser sometidas al rigor de la valoración de la prueba en un proceso judicial
donde los imputados tienen el derecho de contrastarlas con otras informaciones
y experticia.
Destacaron
que hay que diferenciar las acciones administrativas tipificadas de irregulares
por inobservancias en el cumplimento de procedimientos establecidos por las
leyes para la administración de recursos públicos de lo que es el dolo y el
enriquecimiento ilícito. La corrupción debe ser sancionada donde quiera que se
origine pero los derechos de los procesados deben ser garantizados tal y como
nuestro sistema constitucional y garantista establece. La pasión y la emoción
social no pueden nublar el juicio racional de la justicia.
Concluyeron
indicando que los alcaldes son personas con demostrado arraigo en la sociedad
dominicana por lo que no existe peligro alguno de fuga en los procesos
judiciales que se les siga a los mismos y
garantizaron que los que resulten imputados comparecerán a todos los
requerimientos que haga cualquier órgano del Poder Judicial, por tanto, es
injustificable que se dicten medidas de coerción contra alcaldes que impliquen
privación de libertad y que llevan a la suspensión de sus funciones por parte
de un órgano de la propia administración municipal, como es el concejo de
regidores, que usualmente son parte del proceso incurriendo en conflicto de
intereses.
